imagen Termina la feria, vuelve la novela

Esta semana terminan las vacaciones judiciales y Comodoro Py vuelve a la acción. Siguiendo el modelo brasileño, la corporación mediática/judicial retoma su ofensiva contra “el populismo”. Lagomarsino pedirá ir directo a juicio, por la absurda falta de evidencia en el caso Nisman. CFK también, pero se lo negarán. Las vueltas en el caso del Memorándum, la arbitrariedad contra De Vido.

La maquinaria judicial alineada con el poder político y mediático se volverá poner en marcha esta semana, en especial después del miércoles, cuando termina la feria judicial. Así como en Brasil se utilizó el aparato de jueces y fiscales para intervenir ferozmente y evitar la candidatura presidencial de Luis Inácio Lula Da Silva (ver nota de tapa), en Argentina el ejército de Comodoro Py se dispone a retomar lo que hasta ahora fue una serie de prisiones preventivas arbitrarias y fallos en que las pruebas pasaron a no tener el menor peso frente a la política de confrontar con lo que el poder llama el “populismo”. En uno de los expedientes más delirantes, el de la muerte de Alberto Nisman, finalmente el informático Diego Lagomarsino desistirá de apelar su procesamiento y pedirá ir a juicio lo más rápido posible. Sus abogados señalan que la ausencia de evidencia es descomunal: a Lagomarsino se lo considera cómplice de un plan criminal en el que no están identificados los autores ni se sabe cómo los supuestos sicarios entraron o salieron del departamento del fiscal, ni existe prueba concreta de que a Nisman lo hayan matado. La misma exigencia de un juicio rápido provendrá de Cristina Fernández de Kirchner en dos causas, la del dólar futuro y la de la obra pública.

En otro expediente netamente político, el del Memorándum firmado con Irán, se reclamará nuevamente algo elemental: que declare el principal testigo del caso, el ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble. Y más allá de ese reclamo, seguramente lo más urgente e inmediato serán las apelaciones y recursos para pedir la libertad de los que están presos en esa y otras causas, entre ellos Carlos Zannini, Julio De Vido, Cristóbal López, Fabián De Souza, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y otros. Expedientes en los que no aparece una evidencia de peligro de fuga o de obstrucción de la investigación.

Le Parc

Diego Lagomarsino, representado por los abogados del estudio Rusconi, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, no apelará su procesamiento como cómplice de un plan criminal para supuestamente matar a Nisman. La decisión la tomaron el viernes Lagomarsino y sus abogados. El informático pedirá ir a juicio lo antes posible ya que considera que no hay prueba alguna:

  • El juez Ercolini lo acusó de ser cómplice de no se sabe quién. Lagomarsino no registra ninguna llamada ni contacto con quienes supuestamente podrían ser otros integrantes de ese plan criminal.
  • El magistrado convalidó todo lo que dijo la pericia de la Gendarmería opuesta completamente a lo que antes sostuvieron el Cuerpo Médico Forense (CMF) y la Policía Federal, que son los que actuaron el mismo día de la muerte y enseguida después. El CMF tácitamente y la Federal en forma explícita sostuvieron la hipótesis del suicidio.
  • La defensa de Lagomarsino pidió nueve veces que se cotejaran las dos posiciones, pero Ercolini adoptó lo dicho por la Gendarmería, básicamente por razones políticas: el establishment político y mediático necesita que la muerte de Nisman sea un homicidio para de alguna manera echarle la culpa al gobierno de CFK. Es más, no faltó la hipótesis de que actuó un comando iraní-venezolano-kirchnerista sobre el que no hay la más mínima evidencia.
  • El juez aceptó elementos insólitos, como que dos personas le pegaron una tremenda paliza a Nisman, le fracturaron la nariz sin que cayera una gota de sangre, le suministraron ketamina para dormirlo sin que se sepa cuál fue la cantidad del fármaco ni cómo se le suministró, ya que el cuerpo no tenía rastros de inyecciones. La Gendarmería no pudo explicarlo.
  • Tampoco hay ninguna evidencia de cómo entraron al edificio, al departamento y al baño de Nisman, y menos de cómo salieron, teniendo en cuenta que el departamento quedó cerrado con trabas de adentro.

En suma, Lagomarsino y sus abogados piden ir a juicio,seguros que no hay evidencias en el expediente y que es descabellado pensar que Lagomarsino o cualquier otra persona vaya a poner a disposición un arma, inscripta a su propio nombre, para cometer un crimen que, además, era clarísimo que iba a tener repercusión nacional e internacional.

Custodios

Durante la feria judicial dos de los custodios de Nisman –Néstor Durán y Rubén Benítez– apelaron su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por encubrimiento, es decir haber permitido el supuesto crimen. Los otros dos custodios apelarán a fines de esta semana.

Durán y Benítez señalaron, entre otras cosas, lo siguiente:

  • Que ejercían una custodia de traslado, no tenían responsabilidad sobre lo que ocurriera dentro del departamento. Eran básicamente choferes.
  • Que Nisman dirigía a la custodia y los usaba para diligencias privadas.
  • Que ante las autoridades de la Policía Federal, el fiscal dejó en claro que él daba las directivas respecto de su custodia.
  • Que Nisman prohibió las comunicaciones de los choferes con sus superiores
  • Que los custodios no podían prever ningún peligro en la presencia de Lagomarsino en el departamento porque “integraba el círculo íntimo de trabajo de Nisman”.

En el expediente queda claro que se trata de presentar al fiscal como una persona amenazada, pero lo cierto es que viajó por Europa sin custodia alguna, que iba a los boliches sin seguridad y que más bien usaba a los custodios como mensajeros. La Cámara Federal deberá pronunciarse sobre esa apelación, seguramente a lo largo de febrero. Habrá que ver qué dice la Sala II, que tiene el antecedente de haber convalidado el peritaje de Gendarmería, aunque nunca se pronunció sobre el fondo de la cuestión.  Hasta ahora rigieron los intereses políticos.

Memorándum

Indudablemente lo que tiene más urgencia es la situación de privación de la libertad de cuatro dirigentes en la causa, nítidamente política, por la firma del tratado con Irán. Mañana mismo, la todavía sala de feria integrada por Martín Irúrzun y el sorteado juez penal Marcelo Lucini, concretará las audiencias en las cuales se pedirá la prisión domiciliaria de Luis D’Elía, y una hora antes la libertad de Fernando Esteche y Jorge Khalil. Los propios médicos del penal dicen que no pueden manejar el cuadro cardíaco y de insulino-dependencia de D’Elía.

En paralelo, Carlos Zannini ya recurrió por su libertad a la Cámara de Casación, pero la sala de feria perdió casi todo el mes y no convocó a ninguna audiencia. En lo concreto parece que dejarán la libertad del ex secretario de Legal y Técnica en la sala de Casación que conforman Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, camaristas que han actuado siempre en sintonía con la Casa Rosada, el establishment internacional y su aparato mediático, al punto que fueron ellos los que permitieron que Bonadio siguiera adelante con el delirante expediente por traición a la patria por el Memorándum.

Hay dos hechos llamativos en relación a Zannini:

  • El ex funcionario no tiene ninguna otra causa ni ha tenido ninguna otra causa en los 35 años que lleva trabajando en el Estado.
  • Se ha dicho que hay peligro de que obstruya la investigación entre otras por la existencia de un incendio en el que, supuestamente, se quemó el registro de entradas y salidas a la Casa Rosada. El defensor de Zannini, Mariano Fragueiro Frías, está tratando de encontrar alguna causa judicial sobre ese supuesto incendio del que no hay registro alguno.

Todos los imputados insisten con un argumento básico. En diciembre, Bonadio consideró cerrada la instrucción y dio los pasos para elevar la causa a juicio. Es decir que incluso deja de tener sentido el argumento de que los detenidos podrían entorpecer la investigación, teniendo en cuenta que el propio juez dio por concluida la pesquisa.

Testigo

En la misma causa del Memorándum, en el que se judicializa un tratado aprobado por las dos cámaras del congreso, también está pendiente un recurso de Casación presentado por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, abogados de Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner. Los letrados dejaron en claro que la sala de feria de la Casación no trató como correspondía ese recurso en este mes porque dice que no recibió un certificado que debió emitir la Cámara Federal respecto de la situación de cada imputado: quién está preso y quién está excarcelado. O sea que se perdió toda la feria.

Como es público, tanto Timerman como CFK no están detenidos, el primero por su situación de salud y la ex presidenta por sus fueros. Sin embargo, los camaristas evitaron tratar el tema en enero y se lo dejaron también a Borinsky-Hornos-Gemignani, los camaristas que vienen convalidando todo el grosero proceso, sobre el que los mas connotados juristas del país –León Arslanian, Raúl Eugenio Zaffaroni, Julio Maier, Ricardo Gil Lavedra– dijeron que el Memorándum podía ser bueno o malo, constitucional o inconstitucional, pero nunca un delito.

Uno de los puntos más notorios señalados por Rúa y Peñafort es que todo el proceso tiene un vacío llamativo: no fue llamado a declarar el principal testigo de la causa, el ex secretario general de Interpol. Sucede que la principal acusación del expediente es que el Memorándum se firmó para beneficiar a los imputados iraníes por el atentado contra la AMIA. Ese beneficio iba a ser el levantamiento de las órdenes de captura con alertas rojas. Tal medida nunca ocurrió y las alertas siguen vigentes hasta hoy. El ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, ha dicho reiteradamente que la acusación de Nisman era falsa, que ningún funcionario argentino –y menos todavía Timerman– hicieron gestión alguna para levantar las alertas. O sea que Noble estropearía  toda la hipótesis del fiscal, del juez, de la Cámara Federal y hasta de los integrantes de la Casación. Y lo concreto es que, pese a que se ofreció a declarar en la causa, el magistrado cerró la instrucción sin convocarlo. O mejor dicho, evitando su testimonio. Se trata de una maniobra que evidencia el carácter político de la acusación.

Gas

El defensor del ex ministro Julio De Vido, Maximiliano Rusconi, espera para los primeros días de febrero una resolución de la Cámara Federal sobre una de las dos causas en las que está preso el ex funcionario: la relacionada con las compras de Gas Natural Licuado (GNL). En ese expediente, ya está claro que la base es fraudulenta: una insólita pericia realizada por el especialista David Cohen, que ahora terminó imputado por fraude por la fiscalía. El estudio era tan delirante –hablaba de una coima de 7000 millones de dólares– que fue cuestionado hasta por el actual ministro Juan José Aranguren. La lógica es que, con el naufragio de la pericia, naufrague también este expediente. Además, se trató de licitaciones internacionales en las que participaron las mayores empresas gasíferas del mundo, que ni siquiera impugnaron las licitaciones ni sus resultados.

Es evidente que si hubiera novedades en la causa del GNL, Rusconi pedirá nuevamente la excarcelación de De Vido, que tiene otra causa, la relacionada con los acuerdos entre la mina de Río Turbio y la Universidad Tecnológica Nacional. El expediente no apunta ni a coimas ni a sobreprecios ni a facturas truchas ni a dinero que alguien se llevó al bolsillo por la puesta en marcha de la mina de carbón. La imputación es porque se firmaron convenios-contratos con una universidad para evaluar técnicamente el plan, contratar personal, hacer los relevamientos ambientales, organizar el proceso de compras y no se hicieron, al estilo del neoliberalismo, contratos con consultoras privadas. En plena campaña, se dispuso el desafuero y la detención del ex ministro en un expediente en el que ni siquiera había sido indagado y en el que no hay una sola pericia que indique que los estudios no se hicieron o que se pagaron demasiado caro.

Indalo

El 8 de febrero será la audiencia para resolver sobre el procesamiento y la prisión preventiva de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. El argumento usado por el juez Ercolini es que los titulares de Indalo cometieron un fraude impositivo y no una evasión. El abogado de López y De Souza, Carlos Alberto Beraldi, reiteró que no hubo fraude, que Indalo recibió un plan de facilidades de la AFIP que recibieron otras 1500 empresas y que, además, se sumaron a dos planes generales, otorgados a miles de compañías a nivel nacional.

Más allá de esa polémica, el punto para detener a López y De Souza es que habrían vendido su empresa sin autorización del magistrado, pero Beraldi le señalará a la Cámara que se pidió autorización y que nunca se concretó la transferencia justamente esperando el visto bueno del juez. Sí hubo un cambio de autoridades, pero eso –afirma Beraldi– no violaba la medida cautelar dispuesta por el juez, ya que no cambiaron de manos las acciones ni se redujo lo embargado.

Cristina

Carlos Alberto Beraldi también es abogado de la ex presidenta. Ya ha dicho que la senadora aspira a ir a juicio cuanto antes en dos causas, la de dólar futuro y la de la obra pública. En el caso dólar futuro es conocido que todos los imputados -la ex presidenta y los ex funcionarios del Banco Central- argumentaron que fue una política económica destinada a evitar una corrida bancaria y una mega devaluación. Eso es lo que terminó haciendo el macrismo luego en el gobierno. Las defensas señalan que no es judiciable justamente por tratarse de una política económica en la que ningún funcionario se benefició. Ocurrió lo contrario: los que se beneficiaron fueron empresarios que después llegaron al gobierno de Mauricio Macri.

En concreto, mientras muchos señalaban que el juicio podría empezar antes de fin de año, quienes están en el día a día afirman que los magistrados dejarán el juicio para principios de 2019 o aún después. Es que hay una serie de pericias ordenadas por el tribunal oral que ni siquiera empezaron.

La otra causa en la que CFK insiste en ir a juicio es la relacionada con la obra pública. Es el expediente originado en un insólito informe de Vialidad Nacional, con conducción macrista, hecho únicamente en Santa Cruz -no se hizo respecto de ninguna otra provincia- y en que la propia Vialidad dice que el 93 por ciento de las obras se completaron, con elogios a la calidad de la ejecución. Parte de la acusación es que las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 83 licitaciones, pero los imputados señalaron que es algo habitual también en otras provincias, en las que hay empresas con personal, maquinaria y experiencia en ese territorio. Esas empresas, en cambio, difícilmente ganan licitaciones en otros distritos porque jugando de visitantes no tienen ni personal, ni maquinaria, ni experiencia. Por otra parte, fueron obras realizadas y licitadas en Santa Cruz o sea que -como argumenta la defensa- no tiene lógica imputar a un Presidente de la Nación que no tiene incidencia en las vialidades provinciales.

En la causa Hotesur, en febrero se terminarán de tomar las dos indagatorias que faltan. Todo indican que después, seguramente en marzo, el juez Ercolini dictará el procesamiento de Cristina y sus hijos Máximo y Florencia. En paralelo, ambos litigan contra la intervención dictada por los jueces a los bienes que les quedaron tras la muerte de Néstor Kirchner. La Cámara ratificó la intervención y desechó la denuncia porque la interventora ni siquiera paga los impuestos correspondientes. Hotesur como Los Sauces son expedientes en los que se acusa a los Kirchner de cobrar en unos cinco años cerca de 25 millones de pesos en alquileres y se sugiere que esos alquileres fueron coimas a cambio de obra pública. Beraldi responde que todos los alquileres están declarados, con contratos, bancarizados y a precios de mercado.

Es muy posible que a lo largo de este año o y sobre todo en el 2019 electoral vuelvan a aparecer pedidos de que a Cristina le quiten los fueros y que la detengan. No hay riesgo de fuga ni elementos que indiquen que obstruye alguna investigación, pero está dicho que en su caso, como en el de todos los demás, no pesan ni las pruebas ni el derecho. Es la política. Igualito que en Brasil.

raulkollmann@hotmail.com

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